Huelga insurreccional en Perú -El APRA asegura la gobernabilidad por el Dr.Jorge Castro

Tiempo Argentino/Zetaviisón/Z Inter Press

A sólo dos semanas de cumplir un año de gobierno, el presidente Alan García enfrentó una huelga general de carácter insurreccional de los 300.000 integrantes del sindicato de los docentes (Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú/SUTEP), respaldado por la Central de Trabajadores (CGT), que lanzó un paro de dos días en todo país en apoyo del gremio de los educadores.
El sindicato de docentes, una de las más numerosas, combativas, y radicalizadas organizaciones sindicales de Perú, lanzó una campaña de movilizaciones callejeras, cortes de ruta y ocupación de edificios públicos, que culminó con la toma del aeropuerto internacional de Puno (Juliaca), en el sur del país, al lado del lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.

Los 5000 docentes que tomaron el aeropuerto internacional de Puno, quebraron la resistencia de la guardia policial, quemaron cuidadosamente las instalaciones y atravesaron camiones y escombros sobre la pista de aterrizaje, tornándola inoperable.

Posteriormente, el ejército peruano, movilizado en todo el país por orden del presidente Alan García, recuperó el aeropuerto internacional de Puno y expulsó a los docentes mediante el uso de las armas.

Ese mismo día, Alan García promulgó la “Ley de la Carrera Magisterial”, que establece un régimen fundado en el principio del rendimiento profesional, por el cual, entre otras medidas, los maestros y profesores que reprueben tres exámenes sucesivos de medición de sus logros docente, podrán ser despedidos. También hay nuevos criterios de admisión y calificación para la carrera docente, drásticamente más exigentes que los tradicionales.

En agosto de este año, el Congreso de los Estados Unidos aprobará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú, según manifestó Nancy Pellosi, titular de la Cámara de Representantes (“Speaker of the House”), y líder de la mayoría demócrata.

El texto del TLC, acordado por los presidentes Alan García y George W. Bush en noviembre pasado, fue enmendado, a pedido de la mayoría demócrata en el Congreso norteamericano, en relación a los aspectos ambientales y laborales.

El tratado fue aprobado por el congreso unicameral del Perú, con el voto de dos tercios de sus integrantes, y las enmiendas también lo serían antes de concluir julio por la coalición oficialista (APRA, Grupo Parlamentario Fujimorista, Unidad Nacional y Alianza Parlamentaria).

En este último año, Alan García ha gobernado Perú no como un líder carismático-plesbicitario que emerge de un colapso del sistema político, como lo fue Alberto Fujimori en 1990, sino como expresión de una coalición partidaria, ampliamente mayoritaria en el Congreso, con eje en una fuerza nacional: APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana).

Hoy el poder en Perú es ejercido a través de un sistema de partidos políticos; esto no ocurrió ni con Alejandro Toledo (2001-2006), ni con Valentín Paniagua (2000-2001), quien se hizo cargo del ejecutivo tras la remoción de Alberto Fujimori.

El producto peruano aumentó 8.03% en el 2006, la mayor tasa de crecimiento en 11 años; en el primer trimestre del 2007, el PBI se expandió 7.5%, y las reservas del Banco Central de Lima superaron los 20.000 millones de dólares, record histórico.

La tasa de inflación fue 1.1% el año pasado, la más baja de América Latina. Las exportaciones aumentaron 36% en el 2006, y en lo que va del 2007 crecieron 11%. Entre 2000 y 2006, las exportaciones se incrementaron 328%, el mayor nivel de expansión de los 32 países latinoamericanos y una de los más altos de la historia del continente.

Perú lleva 72 meses consecutivos de crecimiento económico, el periodo más prolongado de su historia, y el nivel de consumo, ante todo de alimentos, indicador crucial de la mejora de los ingresos de los sectores populares, es el más elevado de los últimos 37 años.

El dinamismo de la economía, con un aumento de las exportaciones del 36% dos años sucesivos (2005/2006), y un incremento del 80% del superávit comercial en un solo año (2005), se sustenta, sobre todo, en el auge de la minería en el contexto de una economía mundial que experimenta la expansión más extraordinaria de los últimos 40 años.

El producto minero se ha triplicado desde 1992; en 10 años (1993-2003), la inversión transnacional en el sector superó los 6.700 millones de dólares. En los próximos tres años están previstas nuevas inversiones transnacionales por más de 10.000 millones de dólares. El capital hundido en los últimos 15 años en la industria minera ha aumentado la tasa de crecimiento potencial de largo plazo en 3 puntos, o quizás 4.

El sistema de partidos con eje en el APRA que gobierna Perú, a través del liderazgo de Alan García, es el contenido político, en términos de relación de fuerzas, del Estado peruano. Significa que, hoy, el Estado en Perú tiene arraigo desde la frontera con Ecuador a Lima, con la capital incluida, y luego se desvanece desde Lima al sur (Puno).

La gobernabilidad del sistema parece asegurada; lo que no está asegurada es la gobernabilidad del Estado peruano frente a las movilizaciones sociales de tipo insurreccional y el vacío político-estatal que impera en el sur del país. http://www.agendaestrategica.com.ar tiempoargentino@gmail.com

Nivelando hacia abajo por el Lic.Roberto Cachanosky

Tiempo Argentino/Zetavisión/ Z Inter Press

En lugar de atraer inversiones, ayudar a crear nuevos puestos de trabajo y colaborar en el aumento de productividad de las empresas, el Gobierno prefirió hacer que todos los argentinos se volvieran más pobres.


“El cambio recién comienza”, reza el slogan del Gobierno para la candidatura de Cristina Kirchner. Y es verdad, recién comienza el largo proceso de nivelar toda la sociedad hacia abajo: el cambio tiende a que cada vez haya más pobres y un muy reducido sector de la sociedad con ingresos muy altos.

En estos cuatro años, el Gobierno siempre aplicó políticas que sistemáticamente desestimularon la inversión (la crisis energética es el ejemplo más evidente al respecto).

El camino deseable hubiese consistido en crear condiciones institucionales y políticas económicas que incentivaran la inversión para: a) aumentar la productividad de la economía y b) crear nuevos puestos de trabajo. A mayor inversión y más empresas, más demanda de trabajo. Esa mayor demanda de trabajo y el crecimiento de la productividad hubiesen producido un incremento de los salarios reales sin necesidad de decretos o extorsiones sindicales.

Por otro lado, en vez de considerar al mundo como un enemigo, el presidente Néstor Kirchner debería haberlo visto como una oportunidad para crecer. En lugar de pensar en pequeño para, mediante un modelo de sustitución de importaciones, producir solamente para 40 millones de consumidores –muchos de ellos pobres e indigentes–, se debería haber considerado que en el mundo hay miles de millones de consumidores potenciales. Producir para ese mercado requiere de inversiones y demanda de trabajo sustancialmente diferente a la de un mercado de sólo 40 millones.

Sin embargo, el Gobierno prefirió continuar con el modelo de Eduardo Duhalde, que consiste en hacer artificialmente barato el salario mediante una brutal devaluación y un creciente impuesto inflacionario. El mensaje fue: “No inviertan y contraten mano de obra con escaso stock de capital por trabajador. Para eso les doy salarios reales bajos. Entretengan a la gente tejiendo a mano en vez de instalar máquinas de última generación”. Es decir que la elección del Gobierno fue “africanizar” la economía argentina.

Ahora bien, si uno observa cómo vinieron evolucionando las medidas de la gestión kirchnerista, advierte que ésta cada vez se enreda más en redistribuciones compulsivas y arbitrarias que lo único que consiguen es nivelar hacia abajo los ingresos.

Primero, se les dio a las empresas un tipo de cambio alto y salarios y energía baratos. La estrategia consistió en cobrarles el impuesto inflacionario a los sectores de ingresos fijos para sostener alto el tipo de cambio y así poder transferirles ingresos a las empresas que sustituyen importaciones. Cuando este impuesto se tornó intolerable, se les empezó a quitar rentabilidad a las empresas aumentando por decreto los sueldos. Es decir que en un primer momento se achicaron los salarios y luego se les quitó rentabilidad a las empresas para transferírsela a los asalariados y tratar de compensar, en parte, la compulsiva transferencia de ingresos. En vez de estimular a las empresas para que invirtieran más, fueran más productivas y pagaran mejor a los trabajadores, con lo cual se nivelaba hacia arriba, se optó por hacer un juego de suma cero y bajar ahora la rentabilidad empresarial, aunque con caída en la eficiencia económica (leáse: menor riqueza producida).

Más tarde llegaron los controles de precios para volver a compensar los salarios reales bajos producto del impuesto inflacionario. Otra vez menos rentabilidad de las empresas a favor de los asalariados. De nuevo nivelando hacia abajo.

En algún momento se decidió frenar las exportaciones de trigo y compensar a los exportadores con un subsidio. Así, el Gobierno le cobra impuestos a la sociedad y se los transfieres a los productores (si es que se les transfiere algo) para que pueda venderse pan sin aumentos de precios.

También se le cobra impuestos a la sociedad para subsidiar trenes y colectivos, de manera tal que no aumenten el valor de estos servicios públicos. Lo que se esconde con este mecanismo es que lo que el consumidor no paga en la ventanilla del tren o en el colectivo lo paga en impuestos. Un transporte público deteriorado fue el resultado de semejante estrategia. Nuevamente, se niveló hacia abajo: que el transporte público se caiga a pedazos, pero que no aumente el boleto. Peor calidad de servicio para la gente significa nivelar hacia abajo.

El listado de “les saco a unos para darles a otros y a esos otros les vuelvo a sacar para darles a los primeros” es interminable. El Gobierno corre todo el tiempo atrás de los problemas por su incapacidad para anticiparlos y evitarlos. Más bien, podríamos decir que el Gobierno es una máquina de generar problemas a los que sólo atina a ponerles algún parche para tratar de disimularlos.

La crisis energética fue anunciada por los expertos con mucha anticipación. Claro, hubo especialistas que tuvieron la capacidad de ver más allá de sus propias narices y prever el largo plazo, la gente descreía y el Gobierno los denostaba como falsos pronosticadores. No obstante, la crisis llegó y el kirchnerismo, como en todos los otros casos, corre atrás de los problemas por mirar hacia el pasado y no pensar en el futuro.

¿Qué solución ideó el Gobierno para enfrentar la crisis que él mismo generó a partir de políticas públicas demagógicas e imprevisoras? Un complejo sistema de subsidios para que el gas vaya a las casas y la industria consuma combustibles líquidos. Así, el mayor costo para las empresas se financia con un subsidio a las compañías petroleras para que no cobren el precio de mercado de estos combustibles líquidos. Las petroleras no ganan nada con este esquema. Sólo son compensadas por el menor precio mediante los impuestos que paga la sociedad para que las fábricas puedan funcionar sin que les aumente el costo de la energía. O, dicho de otra manera, para poder tener la energía que hoy no tienen se simula tenerla al mismo precio que antes.

¿Quién paga este subsidio? Los contribuyentes. Así como el pasajero de colectivo paga una parte del boleto cuando sube y otra parte con los impuestos que le cobra el Estado, con el nuevo “plan integral energético” las empresas pagan la energía con las boletas de gas y luz y otra parte con impuestos. También el contribuyente paga parte de ese subsidio.

Hoy, los argentinos tienen que soportar una carga impositiva récord sin tener como contrapartida seguridad, salud, educación y demás bienes públicos. Buena parte de esos impuestos van a parar a estos subsidios que pretenden hacerle creer a la gente que tiene energía, comunicaciones y transportes baratos, siendo que en realidad el costo real se paga plenamente mediante una feroz carga tributaria y menor calidad de los mismos.

El Gobierno optó por nivelar hacia abajo. Les quita poder de compra a los ciudadanos, se deteriora la calidad de los servicios públicos, escasean el combustible y la energía y la calidad de los productos es cada vez peor. Todos estamos perdiendo calidad de vida porque no se piensa en crecer, sino en disimular errores y espantar inversiones quitándoles a unos y dándoles a otros.

Mientras la gente padece la crisis energética y el deterioro de los bienes y servicios, pagando cada vez más impuesto inflacionario, algunos secretarios de Estado se dan el lujo de contratar parientes y amigos con suculentos sueldos, comprar computadoras y contratar aviones privados, todo esto por el “noble” objetivo de mejorar el medio ambiente. Al mismo tiempo que las bolsas con dinero en los baños de los ministerios son un misterio del “cambio que recién comienza”. © www.economiaparatodos.com.ar tiempoargentino@gmail.com